Revelan que 40 diputados pagaron por informes plagiados: gasto fiscal fue de $169 millones

40 diputados habrían pagado millonarias sumas, por la realización de informes sobre distintas materias que habrían sido plagiados, lo que importó un gasto fiscal de $169 millones.

Así lo reveló un reportaje realizado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), que accedió a la nómina completa de los legisladores que habrían recibido documentación calificada como total o parcialmente reproducida textualmente de otros textos.

Pese a esta categorización, el reportaje destacó que 10 diputados actualmente en ejercicio, recibieron textos en que en su totalidad son plagio de otro trabajo. Ellos son: Gustavo Hasbún (UDI), Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC), Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Atonio Núñez (PPD), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC).

En tanto otros los exlegisladores Marta Isasi (IND) y Carlos Vilches (UDI) también pagaron por trabajos falsificados.

Autorías de los informes

El reportaje de CIPER también profundiza en los autores de los informes, que en su mayoría son empresas o personas vinculadas a los partidos políticos de los legisladores.

Es el caso de la relación existente entre el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), vinculado al Partido Comunista, y las diputadas de ese partido, Camila Vallejos y Karol Cariola, quienes recibieron informes parcialmente plagiados por parte de la institución, todos ellos relativos a la reforma educacional.

Una situación similar es la que registraron las congresistas de la UDI, María José Hoffmann y Claudia Nogueira que pagaron por la elaboración de textos con información sin citas a la Fundación Jaime Guzmán.

Excusa de la Cámara

Cabe recordar que al mediodía de este jueves, la Corporación emitió un comunicado público donde ratificó su “compromiso y disposición hacia la mayor transparencia”.

Asimismo, el texto detalló que existe un comité de Auditorías del Congreso Nacional, “cuya función es auditar los fondos públicos que cada Cámara pone a disposición de los señores y señoras parlamentarios y a los Comités, para financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Entre ellos, los fondos destinados a la contratación de asesorías externas, de acuerdo a la regulación y directrices del Consejo Resolutivo de Asignaciones“.

En su último punto, el comunicado precisó además que la “Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

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